La pandemia de covid-19 no es la única en el mundo. La pandemia de violencia contra las mujeres y las niñas ha estado presente desde hace muchos años y se ha intensificado con el estallido de la covid-19. 

La principal medida de protección contra el virus fue confinar a la gente en sus casas; sin embargo, esto significó que las mujeres y las niñas que comparten hogar con quienes las violentan estuvieran más aisladas y con menos acceso a la ayuda de personas y organizaciones. Además, si los perpetradores de la violencia estaban pasando por situaciones económicas difíciles, se corría el riesgo de que aumentara la frecuencia y la gravedad de las agresiones. 

Ser mujer en México durante la pandemia (2020) fue peligroso. Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hubo 2791 muertes de forma dolosa, 939 clasificadas como feminicidio; 3136 mujeres víctimas de homicidio culposo; 260 067 llamadas al 911 relacionadas con violencia hacia las mujeres, y 57 496 mujeres víctimas de violencia por lesiones de forma dolosa. Cuando se anunció la Jornada Nacional de Sana Distancia, diferentes organizaciones civiles, como Amnistía Internacional, la Red Nacional de Refugios y Equis Justicia para las Mujeres, recalcaron la importancia de adoptar medidas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia durante la crisis sanitaria. A pesar de la insistencia, la mitad de los Centros de Justicia para Mujeres redujeron los servicios que prestan. 

Apenas dos meses después del primer caso de covid-19, ya había aumentado el ingreso de mujeres a la Red de Refugios, que estaban a entre 80 y 110 % de su capacidad. Además, los casos de asesoramiento vía telefónica aumentaron de manera alarmante (60 %). Todavía más impactante es que, en estos datos, no se considera a las mujeres violentadas que no denuncian ni buscan apoyo institucional, que representan 78.6 % de los casos. 

¿Cuál fue la posición del Gobierno? Mientras los casos de mujeres violentadas seguían en aumento, el Gobierno federal retuvo 405 millones de pesos del presupuesto anual de la Red Nacional de Refugios por temas burocráticos. También el poder judicial detuvo la atención de denuncias en 27 de los 32 estados de la república. Una vez más, el Gobierno federal y los Gobiernos estatales minimizaron la gravedad de la situación y escatimaron las medidas de protección (The Washington Post).

En lo que se refiere a la pandemia de covid-19, se puede ver la luz al final del túnel: en un año se encontró una vacuna. Sin embargo, la pandemia de la violencia de género está lejos de superarse y muchas más mujeres serán víctimas. Según datos presentados durante las conferencias de prensa en México, el porcentaje de letalidad de covid-19 en enero era de 8 % y, gracias al desarrollo de la vacuna, este porcentaje ha disminuido y está por disminuir todavía más. Por otro lado, la tasa de feminicidios en México sigue en aumento, en tan solo los primeros seis meses de 2020, aumentó 9.2 % con respecto a los mismos meses en 2019; de 2015 a 2019, aumentó 138 %. Esta tasa no disminuye como lo ha hecho la de las muertes por Covid-19, por lo que las mujeres siguen en constante peligro. 
Ante este escenario, ONU Mujeres hizo un llamado a los Gobiernos, la comunidad internacional, el sector privado y todas las personas para que prioricen la prevención, la atención y la sanción de la violencia contra mujeres y niñas. Para lograrlo, se necesita acceso a servicios esenciales de atención (cortes y juzgados, hospitales, apoyo psicológico); alianzas con organizaciones de la sociedad civil y redes de mujeres; cero tolerancia hacia la violencia (asegurar servicios policiales y judiciales), e invertir en prevención (programas de educación, campañas públicas). Además, es importante que todas las personas se unan contra la violencia, educar para que esto no suceda, transformar las masculinidades nocivas y erradicar las normas sociales que fomentan o toleran la violencia de género.