El aumento del extractivismo (la apropiación de territorios naturales) en Latinoamérica está multiplicando los conflictos territoriales en varias regiones del continente, lo cual también provoca que las personas que defienden estos territorios la lucha por el agua, los bosques, los ríos, los derechos indígenas, etc, sean más vulnerables a sufrir violencia.
La organización Oxfam Internacional ha documentado que las personas que defienden estos territorios sufren amenazas, hostigamiento, acoso judicial, vigilancia ilegal, desapariciones forzadas, chantaje, agresiones sexuales y asesinatos, por parte de los grupos dominantes que buscan imponer sus intereses económicos o políticos. A nivel mundial, más de 200 personas defensoras fueron asesinadas en 2017; el 60% de ellas eran de Latinoamérica.
Las mujeres y el territorio
En los procesos de defensa del territorio, las mujeres también juegan un rol importante porque en gran parte son ellas quienes asumen el liderazgo de sus comunidades o porque realizan labores de comunicación, organización o incluso de cuidado, de acuerdo con Fundar.
Además de ser propensas a la violencia por ejercer su activismo en beneficio de los territorios, también enfrentan limitaciones por pertenecer a comunidades indígenas, afrodescendientes o por tener identidades de género diversas.
Entre el 2015 y 2016, se registraron 862 agresiones contra mujeres defensoras en México, según registró la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.
Los ataques que viven las mujeres defensoras son generalmente dirigidos en contra de ellas o sus hijas e hijos; o bien, tienen un componente de género en el que se les busca disuadir de luchar poniendo en duda su labor como madres, protectoras de la familia o por negarse a cumplir con roles estereotípicos de las comunidades, así como amenazas diferenciadas por ser mujeres, de acuerdo con la investigadora Beatriz Olivera.
Por eso es que distintas organizaciones civiles, solicitan a los gobiernos y al Estado la procuración de sus derechos, así como crear mecanismos para fortalecer su protección colectiva con el conocimiento y la orientación de sus comunidades.
Además de brindar apoyo legal y al bienestar mental y físico de las mujeres indígenas en riesgo y el apoyo que necesitan sus familias. Y quizá el más importante: exigir el reconocimiento legal y la seguridad de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas.
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